¿Cuál es uno de los peores lugares para ser mujer? Afganistán.
Eso es lo que piensa la mayoría de la gente cuando se trata de la crisis de los derechos de las mujeres bajo el gobierno talibán en Afganistán. Pero esto sólo cuenta una parte de la historia.
Centrarse en la palabra "derechos" esconde algo más serio: cómo vive y sobrevive la gente en esta situación. Lo que está sucediendo en Afganistán no es sólo una crisis de derechos de las mujeres, sino también un desastre humanitario.
Afecta la forma en que las personas acceden a la atención sanitaria, la educación, los sistemas alimentarios y el apoyo básico, y si estos sistemas pueden siquiera funcionar cuando la mitad de la población es sistemáticamente apartada de ellos. Esto obliga a las familias a hacer frente al acceso limitado de las mujeres al trabajo y a los servicios, lo que a menudo empuja a los hogares a una mayor vulnerabilidad económica y social.
Los talibanes han expulsado sistemáticamente a las mujeres de los espacios públicos, incluidos el trabajo, la atención sanitaria y la educación. Recientemente, por ejemplo, las autoridades talibanes detuvieron a trabajadoras de la salud en las puertas de la oficina de las Naciones Unidas y les prohibieron la entrada a las instalaciones.
Estas expulsiones continuas crean gradualmente un sistema que determina quién tiene derecho a existir, dar y recibir ayuda.
Lo que está sucediendo en Afganistán no es sólo discriminación de género; más bien, es el desplazamiento completo de todo un género de los sistemas públicos. La difícil situación de las mujeres afganas es menos un problema social y más una crisis estructural que da forma a las instituciones y la vida cotidiana.
Apartheid de género
Esta es la razón por la que la situación en Afganistán se considera cada vez más una forma de apartheid de género en lugar de una crisis de derechos de las mujeres. La exclusión de las mujeres revela cómo se construyen las instituciones y cómo se mantendrán en el futuro.
El apartheid de género se refiere a una situación en la que a las personas se les niega el acceso a ciertos espacios o actividades en función de su identidad de género.
Esta práctica discriminatoria y violenta en Afganistán ha sido ampliamente documentada y denunciada, pero la situación empeora cada día.
Sus efectos también son acumulativos: cada restricción refuerza las demás y profundiza la crisis general. Estas violaciones sistémicas de los derechos serían cada vez más difíciles de revertir incluso si los órganos políticos y el poder gobernante cambiaran mañana.
Esto se debe a que sacar a las mujeres de los espacios profesionales hace que las escuelas pierdan maestros, los hospitales pierdan personal capacitado y las redes de ayuda pierdan el acceso a la mitad de la población. Y esta pérdida no es temporal; limita la forma en que los sistemas pueden responder a las crecientes necesidades que los rodean.
Cuando a las mujeres se les niega el acceso a las instituciones, el problema no es sólo que estas organizaciones sufren en la prestación y el desempeño de los servicios. También resulta en una pérdida de memoria institucional: habilidades, conocimientos profesionales y experiencia que ya no se transmiten a las generaciones futuras.
Con el tiempo, las instituciones también reducen o suspenden ciertos servicios debido a la falta de trabajadoras. A medida que se reducen los servicios, aparecen importantes brechas en las redes de atención y apoyo, lo que deja a grupos enteros de personas sin acceso continuo a apoyo.
Mujeres afganas atienden a sus hijos en la sala de desnutrición del Hospital Infantil Indira Gandhi en Kabul, Afganistán, en febrero de 2026. (Foto AP/Siddikullah Alizai) Bloqueo de ayuda y apoyo
La negativa de los talibanes a permitir que las trabajadoras entren en las oficinas de la ONU y UNICEF es uno de los muchos ejemplos que suceden hoy en Afganistán y que niegan a las mujeres calificadas el acceso a lugares donde pueden brindar atención y asistencia de emergencia.
Esta supresión efectiva de los derechos de las mujeres bloquea la ayuda y el apoyo en una sociedad donde se necesita desesperadamente.
Los trabajadores varones también tienen limitaciones en cuanto a cómo pueden ayudar a los pacientes debido a las normas de género y las restricciones de los talibanes, por lo que el apoyo a las mujeres no puede simplemente redistribuirse entre ellas. Esto afecta a varios aspectos de la ayuda humanitaria, incluida la atención sanitaria, la distribución de alimentos y los sistemas de protección.
También traslada la carga de estas necesidades insatisfechas a los hogares donde las mujeres deben realizar trabajo no remunerado y responsabilidades de cuidado.
En consecuencia, el gobierno talibán retrasa o impide las intervenciones para salvar las vidas de mujeres y niños, lo que constituye una violación del derecho humano a la supervivencia.
Las trabajadoras no sólo son excluidas de las oficinas de la ONU y UNICEF: también se las rechaza de otras organizaciones humanitarias, hospitales, escuelas y diversas instituciones públicas, en una erosión generalizada de los derechos humanos. Los talibanes han establecido una red de violaciones de derechos humanos en todo el sistema humanitario.
La ayuda humanitaria también depende del acceso a información y datos precisos: quién tiene hambre, quién no está seguro y quién necesita protección. En Afganistán, donde las mujeres tienen limitaciones en cuanto a con quién pueden interactuar y donde el personal femenino está en gran medida ausente del trabajo de campo, las encuestas y las visitas domiciliarias, esta información se vuelve incompleta.
Los datos deficientes conducen a una distribución incompleta de la ayuda y a una asignación inconsistente de la ayuda. Como resultado, las poblaciones más vulnerables pueden permanecer invisibles en las evaluaciones oficiales.
Esta invisibilidad afecta particularmente a los hogares encabezados por mujeres y a quienes viven en zonas remotas o rurales con acceso ya limitado.
Mujeres afganas sentadas afuera de sus casas que fueron destruidas por un terremoto en la provincia de Herat, en el oeste de Afganistán, en octubre de 2023. (Foto AP/Ebrahim Noroozi) Normalizando la crisis
Puede que el impacto del apartheid de género en Afganistán no sea visible para muchas personas fuera del país, pero en un futuro próximo los sistemas humanitarios colapsarán.
Las futuras generaciones de profesionales ya han sido eliminadas por la prohibición de los talibanes de que las niñas asistan a la escuela.
UNICEF estima que la prohibición podría costarle a Afganistán 25.000 maestros y trabajadores de la salud. En un país donde a las mujeres se les prohíbe recibir atención de proveedores masculinos, prohibirles trabajar tanto en la educación como en la atención de la salud crea profundas implicaciones médicas.
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Con el tiempo, los sistemas se rediseñarán sin las mujeres como proveedoras de servicios, incluso cuando sean centrales como receptoras. A medida que las limitaciones de género impiden el flujo de recursos, conocimientos y atención, la capacidad de prestar servicios disminuye cada día a pesar de la alta demanda. Muchas mujeres también se ven obligadas a realizar trabajos informales u ocultos que son inseguros y vulnerables a la explotación y el abuso.
El apartheid de género en Afganistán no terminará con el mero reconocimiento. Denominar el terrorismo sistémico no lo detiene y, sin acción, la exposición repetida a la crisis puede normalizarlo a través de la fatiga de la compasión. Las organizaciones humanitarias se enfrentan ahora a una difícil elección: trabajar en condiciones restrictivas y correr el riesgo de ser legitimadas, o retirarse y dejar a las personas sin apoyo.
Cuanto más dure la situación, mayor será el riesgo de que la exclusión de las mujeres en Afganistán se convierta en una estructura normalizada en lugar de una emergencia. La cuestión ya no es sólo cómo restaurar lo que se ha perdido, sino si los sistemas que alguna vez dependieron de la participación de las mujeres pueden reconstruirse.
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