Santo Domingo — Un estudio de factibilidad reveló una cruda realidad: el 70% de los delitos menores procesados en el Distrito Nacional están directamente relacionados con el uso problemático de sustancias.
Así lo reveló la jueza Kenia Romero, coordinadora de tribunales docentes de la jurisdicción, durante una presentación sobre los avances de un programa piloto enfocado en justicia restaurativa y terapéutica.
Durante su charla en el panel “Tratamiento Bajo Potencial Revisión Judicial” realizado en el marco de la conferencia Judicial 2026, Romero explicó que este modelo busca transformar el sistema tradicional.
En lugar de un enfoque contradictorio -en el que las partes se enfrentan entre sí- se propone un enfoque cooperativo en el que el tribunal supervisa cuidadosamente la recuperación del acusado.
Una perspectiva humana sobre el conflicto legal
El programa permite la selección de imputados adictos a estupefacientes según estrictos criterios legales y sanitarios.
Según el juez, esto facilita una intervención sanitaria que va más allá de los tribunales y ofrece una salida a miles de casos estancados por faltas menores.
"El objetivo es tener una perspectiva más humana. El juez sigue siendo juez, pero entiende que la persona tiene factores de riesgo y un problema de salud recurrente", enfatizó Romero, explicando que el objetivo es fortalecer el rol del juez con medios médicos.
El modelo Puerto Rico: salud pública y ahorros millonarios
En el panel también participó la jueza administrativa de Bayamón, Puerto Rico, Carmen Otero, quien señaló que en la vecina isla la justicia terapéutica es una política de Estado consagrada en la Constitución.
Otero presentó cifras que llaman a la reflexión económica: el encarcelamiento en Puerto Rico le cuesta al estado unos $343 millones al año.
En cambio, los programas de prevención y tratamiento supervisado no sólo son más económicos, sino que también garantizan una rehabilitación moral y social más eficaz.
"En un enfoque terapéutico, las partes trabajan en equipo y juntas hacia la recuperación. Si bien el proceso tradicional es contradictorio, este es colaborativo", dijo el juez puertorriqueño.
El consenso entre los jueces fue claro: la justicia del futuro debe poder tratar las causas del delito, no sólo castigar sus consecuencias.
Estándar regional en innovación
Estas presentaciones se desarrollaron como parte del Plan de Optimización del Proceso Penal, eje central de la Conferencia del Poder Judicial 2026.
Este evento posicionó a República Dominicana como referente en modernización jurídica, reuniendo a 68 expositores internacionales, representantes de 25 países y más de 6,000 participantes en un impresionante evento de tres días.
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