El 12 de marzo de 2026, el Congreso Nacional Popular de China aprobó la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico, una norma que consolida y legaliza las políticas asimilacionistas del presidente Xi Jinping hacia las 55 minorías étnicas del país.
La ley, calificada de "fundamental y global en el ámbito del trabajo étnico", representa un alejamiento radical de las garantías de autonomía cultural que China ha prometido durante décadas.
Homogeneización forzada
La nueva ley convierte al mandarín en la principal lengua de instrucción en todos los centros educativos, sustituyendo progresivamente la educación en lenguas nativas como el uigur, el mongol o el tibetano. Como señala Yalkun Ulujol, investigador de Human Rights Watch, esta ley representa un "cambio radical" respecto a la política de la era Deng Xiaoping, cuando a las minorías se les garantizaba el derecho a utilizar su propia lengua.
El artículo 15 de la ley estipula que los centros educativos deben utilizar el mandarín como principal medio de enseñanza, mientras que las lenguas maternas sólo pueden estudiarse como materia independiente. La ley acelerará la represión sistemática contra las minorías étnicas, particularmente en el Tíbet y la región noroccidental de Xinjiang.
Durante sus recientes visitas al Tíbet, Xi Jinping elogió los esfuerzos de las autoridades locales para frenar el "separatismo" y participó en ceremonias en escuelas que promueven la educación mandarín.
Este decreto proporcionará una justificación legal de facto para los esfuerzos de reasentamiento forzoso en Xinjiang. Las autoridades chinas ya han reubicado por la fuerza a miles de uigures en el país como fuente de trabajo forzoso o como método para diluir su influencia política. Estas prácticas se suman a la represión anterior en Xinjiang, que ha incluido encarcelamiento masivo, esterilización forzada y programas de "reeducación" destinados a destruir prácticas culturales y religiosas centenarias.
El profesor Allen Carlson, experto en política china de la Universidad de Cornell (EE.UU.), advierte que "la Ley para Promover la Unidad y el Progreso Étnico fortalecerá aún más esta tendencia al poner más énfasis en la asimilación". "La ley deja más claro que nunca que en la República Popular China del presidente Xi Jinping, la gente debe hacer mayores esfuerzos para integrarse con la mayoría Han y, sobre todo, ser leal a Beijing", añade.
Criminalización de la identidad étnica
Además de las restricciones lingüísticas, se introducen disposiciones que criminalizan las actividades que se consideran separatistas o extremismo religioso. Las normas permiten procesar a los padres que transmitan a sus hijos opiniones que sean "perjudiciales para la unidad étnica y el progreso". A las familias minoritarias se les prohíbe impedir matrimonios basados en la identidad étnica, una táctica destinada a disolver las comunidades étnicas de la mayoría Han.
Este tipo de medidas muestran que la evolución de la política étnica en China ha experimentado un cambio radical, pasando de la autocrítica histórica a la asimilación forzada justificada por la seguridad nacional.
En 1981, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, el Partido Comunista Chino emitió una resolución histórica admitiendo explícitamente que había cometido un "grave error" al no mostrar el debido respeto al derecho a la autonomía de las minorías, especialmente durante la violencia de la Revolución Cultural. Sin embargo, el actual liderazgo de Xi Jinping ha abandonado este remordimiento en favor del control a toda costa, motivado por el temor de que la diversidad étnica política conduzca a un colapso del Estado al estilo soviético, que el PCC atribuye a la pérdida de control sobre los territorios periféricos.
Este cambio de paradigma estuvo sustentado en una nueva arquitectura ideológica donde el concepto de "mezcla" (jiaorong) pasó de ser un tema de debate a un dogma central. Intelectuales influyentes como la historiadora Sue Jilin han reforzado esta posición al referirse al modelo estadounidense.
Xu sostiene que el poder del sistema estadounidense no se deriva de su diversidad, sino de la cohesión social históricamente mantenida por el dominio de la cultura anglosajona. Según esta interpretación, las políticas de identidad contemporáneas y el énfasis en la raza son una amenaza directa a la estabilidad nacional, una lección que Beijing ha internalizado para justificar la supresión de identidades en competencia en regiones como Xinjiang, Tíbet y Mongolia Interior.
Desmantelamiento de antiguas obligaciones
En consecuencia, el Estado ya no busca movilizar a las minorías para la revolución, sino más bien controlar a la población a través de la homogeneización lingüística y cultural, derogando las promesas de autonomía en las constituciones de 1954 y 1982 para asegurar la lealtad absoluta al gobierno central.
Lo que Occidente identifica como una fase de asimilación forzada, el marco de gobierno chino lo define como un proceso de experimentación institucional bajo los auspicios del Partido, destinado a fortalecer la resiliencia nacional frente a las tensiones geopolíticas y garantizar la sostenibilidad de un modelo que prioriza la unidad de mando sobre cualquier fragmentación de la identidad periférica.
La ley de "unidad étnica" de China representa, en última instancia, un salto cualitativo en la política de asimilación forzada, convirtiendo las políticas dispersas en un marco legal unificado que amenaza la supervivencia misma de las culturas minoritarias en el país.
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